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Bøger af José Alfredo Guerrero

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  • af José Alfredo Guerrero
    298,95 kr.

    A finales de los años noventa el gobierno dominicano comenzó a pagar deuda administrativa entregando a los acreedores bonos por el valor nominal auditado de sus expedientes. Los intereses trimestrales los pagaba puntualmente y se estableció que a vencimiento el capital se aceptaría para pagar obligaciones tributarias. Con esos bonos más otras emisiones similares se fue creando el mercado secundario de valores públicos del 2000 al 2004. En ese período se dan las primeras dos emisiones de bonos soberanos y se avanza en la conformación de la Dirección General de Crédito Público. Los efectos de la quiebra de bancos múltiples provocaron que se renegociaran los bonos soberanos y que el gobierno iniciara las reformas económicas que le permitieran volver a emitir valores. Así lo hizo y pasó de estar expresamente prohibido invertir ahorro previsional en títulos de Hacienda a recibir en subastas de bonos internos una demanda cuatro veces más alta que la oferta anunciada. En los mercados internacionales logró ir colocando cada vez mayores montos a plazos más largas, tasas menores y hasta emitir bonos en pesos dominicanos. La oposición política veía en este éxito un anatema, criticaba que era insostenible, que estaba en esquema Ponzi y que había que volver a los acreedores multilaterales con préstamos vinculados a obras de inversión pública. Pero en el poder ha dado continuidad a la emisión de valores para financiar el déficit y las amortizaciones de cada presupuesto. Ahora la oposición le toma prestado los discursos insensatos contra la deuda o señala con razón el aumento de la carga del pago de intereses. Este libro recoge los artículos de opinión del autor publicados en Acento.com.do desde el 2010 sobre el origen y debates de la deuda pública, los participantes del mercado de valores y tópicos como educación financiera bursátil, ahorro previsional, la intención de golpe de estado a las administradoras de fondos de pensiones y la devolución del 30% de los fondos a los cotizantes.

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