Bøger udgivet af Fundacion Editorial Juridica Venezolana

Entre el Estado y el sector privado existe una vinculación indisoluble en la consecución del bienestar general. Dicha relación está enmarcada en la llamada "Cláusula de Corresponsabilidad Social". Una de las principales manifestaciones de dicha cláusula es la tributación, la cual se implementa variándola en intensidad y modalidad, según la concepción del Estado y la ideología política imperante en cada momento. Los gobiernos que han operado en Venezuela en estas primeras dos décadas del siglo XXI han intensificado como nunca la imposición de obligaciones patrimoniales a los particulares, basándose precisamente en la corresponsabilidad social. Si bien entre esas obligaciones no existe homogeneidad, estas registran como denominador común su afectación a fines estatales preestablecidos y su manejo bajo mecanismos hacendísticos, poco o nada ortodoxos.Aquella cuestionable práctica, convertida en piedra angular del financiamiento de un proyecto político, se ha desarrollado al amparo de una carta magna propia de la corriente neoconstitucional y de un Estado catalogado de democrático, social de derecho y de justicia que, en manos inescrupulosas, ha creado un halo de aparente legitimidad que el transcurso del tiempo se ha encargado de desvanecer. Para arribar a conclusiones sobre la naturaleza y la validez de 47 de esas obligaciones patrimoniales, fue necesario desmontar el discurso político en el que se fundamentó su creación y adopción. Este estudio del profesor Juan Cristóbal Carmona Borjas se realizó mediante un exhaustivo análisis del texto constitucional y de una minuciosa evaluación del concepto de tributo, de los principios que rigen la materia y, muy especialmente, de la clasificación tripartita que, respecto de aquel, sigue imperando. De esta manera, se formuló, además, una serie de propuestas concretas sobre el tema que se adaptan a los tiempos que corren y cierran el paso a la arbitrariedad

Este libro del profesor Allan R. Brewer-Carías, escrito después de haber leído y estudiado tanto las sentencias de la Corte Internacional de Justicia dictadas en 2020 y 2023 en el caso Guyana contra Venezuela, como la Memoria presentada ante dicha Corte por Guyana como parte demandante, trata sobre tres aspectos fundamentales de la controversia sobre la Guayana Esequiba: Primero, sobre los derechos históricos de Venezuela sobre el Territorio Esequibo, situado al oeste del río Esequibo hasta el río Orinoco, que se consolidaron desde que el país se constituyó como Estado Independiente a partir de 1810, al conformar su territorio en aplicación del principio uti possidetis juris con el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela creada en 1777. La Provincia de Guayana entonces llegaba hasta el río Esequibo, ya que España desde en 1648 le había reconocido a los Países Bajos posesión sobre tres establecimientos comerciales situados en el río Esequibo (isla Kik-o-veral), y en los ríos Demerara y Berbice situados al este de dicho río Esequibo, y nada más; y esos fueron los únicos establecimientos cedidos por los Países Bajos al Reino Unido en 1814, potencia que a partir de entonces ocupó y usurpó sin título alguno parte del Territorio Esequibo.Segundo, sobre las razones de la nulidad del Laudo Arbitral dictado en 1899 por un tribunal arbitral compuesto por cinco árbitros nombrados en ejecución del Tratado de Washington de 1897, al cual hubo que llegar luego de que el conflicto entre Venezuela y el Reino Unido se agravara, después incluso de una ruptura de relaciones diplomáticas, y mediante la intervención de Estados Unidos en aplicación de la Doctrina Monroe. Dicho tribunal arbitral tuvo cuatro miembros que fueron jueces de las Supremas Cortes de Estados Unidos y del Reino Unido, y como quinto árbitro un destacado profesor ruso, quien en aras de lograr una decisión unánime, presionó y chantajeó a los otros árbitros por separado, imponiéndoles una decisión arbitraria e inmotivada, que le arrebató a Venezuela la casi totalidad del Territorio en disputa, con la amenaza, de que de no aceptarse su propuesta se le arrebataría también al país el control de las bocas del Orinoco que tenía desde que Colón las descubrió en 1498.Y tercero, sobre las falsedades que contiene la Memoria presentada en 2022 por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia luego de que hubiera resuelto conocer sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 y sobre la cuestión conexa de la frontera entre los dos países, tratando de fundamentar su demanda contra Venezuela desconociendo la historia y todos los hechos que rodearon la formación y conformación del territorio de América por parte de los exploradores, conquistadores y pobladores españoles, en particular del que se denominó "Tierra Firme," que abarcó desde el istmo de Panamá hasta el río Amazonas, de donde emanan lo títulos históricos y jurídicos de los derechos de Venezuela sobre el Territorio Esequibo.

Este libro del profesor José Ignacio Hernández sobre lo que califica como el proceso de La Privatización de facto de PDVSA, se refiere al proceso iniciado por el Gobierno de Nicolás Maduro desconociendo a la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre de 2015 y, por tanto, ignorando totalmente el control parlamentario que requería esa nueva política, optando por eludir ese control y acudir, como lo advierte en el texto, "a "atajos" regulatorios, para ampliar el rol de la inversión privada al margen de lo dispuesto en la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos." En esta forma, la prolongada crisis política y humanitaria en Venezuela ha opacado ese cambio transcendental consistente en la destrucción del Petro-Estado venezolano y el inicio de la Venezuela postpetrolera, para lo cual, entre 1999 y 2022, como lo destaca el autor, la industria petrolera venezolana ha pasado por tres transiciones: (i) la adopción de un marco jurídico basado en la liberalización del sector de hidrocarburos (1999-2002); (ii) la implementación de políticas autoritarias que destruyeron la autonomía de PDVSA y los mecanismos de mercado dentro del sector (2002-2016), y (iii) la cesión de derechos y activos de la industria al sector privado, en el marco de la política de liberalización (2017-2022). Como resultado de ese procesp, se vació de contenido al Petro-Estado en el marco de una creciente informalización y criminalización. Para reversar este proceso, será necesario implementar un nuevo marco jurídico basado en la figura del Estado regulador, desmontando los arreglos jurídicos del Petro-Estado que todavía quedan en pie. "(i) la cesión de acciones en Citgo Holding, Inc. a favor de acreedores extranjeros; (ii) la cesión de derechos litigiosos a firmas extranjeras; (iii) la celebración de contratos de servicios petroleros que trasladaron a inversionistas privados actividades privativas de PDVSA; (iv) la reorganización de las empresas mixtas al margen de los Acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional; (v) la reorganización de PDVSA en el marco de la "ley anti-bloqueo"; (vi) la cesión de la operación sobre estaciones de servicios y refinerías; (vii) el desconocimiento de las funciones de control parlamentario sobre los contratos de interés público nacional y (viii) la pérdida de activos externos de PDVSA en el marco de litigios de la deuda pública externa."

Este libro del profesor Rafael Badell Madrid sobre La Reclamación de Venezuela sobre el Territorio Esequibo se desenvuelve o puede leerse de tres maneras distintas. Primero, en nueve capítulos, el libro narra, estudia y comenta los acontecimientos históricos y jurídicos más importantes ocurridos en los últimos doscientos años; explica sus antecedentes y algunos hechos que han impactado la reclamación; entre ellos, el Tratado de Status Quo de 1850, por medio del cual Venezuela y el Reino Unido se comprometieron a mantener la situación fronteriza, tal y como se encontraba para ese momento, evitando ocupar el territorio en discusión; el Tratado de Washington de 1897; el terrible Laudo de París de 1899, nulo de nulidad absoluta; el Acuerdo de Ginebra de 1966 y el Protocolo de Puerto España de 1970. Contiene un denso estudio sobre la Corte Internacional de Justicia, su régimen jurídico, tanto el sustantivo como las normas que regulan los aspectos procesales que ya se han cumplido en esa instancia judicial y los que están por ocurrir. Dentro de estos, los argumentos de cada una de las partes y las contundentes pruebas que tiene Venezuela para demostrar la nulidad del Laudo de París de 1899. Otra forma de leer el libro, Capítulo X, es a través de los cien personajes que han sido protagonistas, para lo bueno y para lo malo, no sólo de lo ocurrido en los últimos doscientos años, sino desde 1493 cuando el Papa Alejandro VI suscribió la Bula Menor Intercétera, mediante la cual se dividió a los territorios de América del sur entre España y Portugal. Capítulo X.También puede conocerse todo lo relativo a esta reclamación, esta vez de manera cronológica. En el Capítulo XI se comentan los acontecimientos ocurridos en las ciento veinte fechas más relevantes, que también comienza en 1493 con la mencionada Bula Menor Intercétera dictada por Papa Alejandro VI, que es considerado el primer documento que constituye un título jurídico sobre los territorios en disputa y en 1494 cuando con el Tratado de Tordesillas se consagró la soberanía de España y Portugal en el continente americano.El libro esta lleno de documentos, citas de reconocidos historiadores y juristas, cartas, mapas, declaraciones y constancias que asombraran al lector cuando constate que tanto el proceso arbitral como el laudo de París de 1899 fueron un inmenso fraude, por medio del cual se llevo a cabo el despojo del territorio situado al oeste del río Esequibo que desde simepre ha pertenecido legítimamente a Venezuela. El Capítulo XII recoge todos los documentos que vienen a demostrar las afirmaciones contenidas en este estudio.En el Prólogo de la obra, el reconocido experto Dr. Héctor Faúndez Ledesma, señala que "Se trata de la obra más com­pleta escrita sobre este tema hasta el momento..." Además, indica el prologuista que "Aunque el hilo conductor de esta obra es la controversia jurídi­ca entre las partes, en su exposición, el Dr. Rafael Badell hace gala de sus conocimientos históricos y de las consideraciones políticas o de otro tipo que, en cada momento, han tenido su efecto sobre el desarrollo de esta disputa territorial."

Este libro recoge los estudios del profesor Allan R. Brewer-Carías sobre arbitraje en el sector público, sea para la solución de controversias en los contratos públicos o en materia de protección de inversiones, que se han agrupado en ocho partes analizando sucesivamente: (i) "El arbitraje y los contratos de interés nacional en la Ley de Arbitraje Comercial de 1998; (ii) la aceptación jurisprudencial del arbitraje en los contratos administrativo de Asociación suscritos con motivo de la Apertura petrolera; (iii) el régimen del arbitraje internacional de inversión en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999, con especial referencia al tema de la inmunidad jurisdiccional y a la manifestación de voluntad del Estado para la solución de dichas controversias en el texto de la propia Ley, y sus vicisitudes; (iv) la progresión y regresión en la aceptación del arbitraje para la solución de controversias en los contratos públicos en Venezuela; (v) un estudio en inglés sobre "International Arbitration for the Protection of Investments," con especial referencia al caso Venezlano de acuerdo con la ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999; y (vi) otro estudio en inglés sobre el tema de las materias arbitravles en la contratación pública, para determinar si se trataba o no de cuestiones que podían ser decididas por tribunales arbitrales por no ser cuestiones concernientes al poder soberano del Estadio; y sobre el tema del hecho del príncipe como excusa de responsabilidad alegado ante tribunals arbitrales por empresas del Estado.La Edición de la obra se materialize con occasion de la preparación de la participacion del autor en el Curso sobre Arbitraje en el Sector Público, organizado desde el Ius Publicum Innovatio, Stategic Public Law y la Universidad de La Coruña, mayo de 2023.

El objetivo fundamental de todo proceso de desarrollo de las sociedades humanas es el bien común y depende mucho de la concepción que se tenga de la persona humana y de su dignidad. Por otra parte, cada ser humano vive y despliega su potencial en un lugar concreto y en un tiempo específico, por ello es igualmente la calidad del lugar.Así mismo, desde la aceleración de los procesos globales, cobran interés los impactos que causan a todos los lugares de muy distintas maneras, dependiendo de sus fortalezas y de sus debilidades, y sobre cómo se organizan para insertarse en lo global sin perder su identidad.De estas cosas trata este libro, fruto de los estudios y de la experiencia del autor, profesor Francisco González Cruz, quien se pasea desde los fundamentos humanistas de estos procesos hasta las repercusiones de los cambios más recientes en la vida local, y las distintas alternativas que se van presentando en el camino de hacer mejor la vida de cada quien en cada lugar

La presente obra, que forma parte de la publicación temática "Análisis e Investigación en Derecho del profesor Emilio J. Urbina Mendoza, está dedicada íntegramente al estudio de los métodos para la organización de las doctrinas jurisprudenciales en los sistemas del civil law. Ante un sistema jurídico continental cada vez más influido por el valor de los precedentes, este trabajo analiza los pormenores de la nueva interrelación surgida a finales del siglo XX. El libro se divide en tres partes donde se escruta la encrucijada del Derecho entre dos hermenéuticas. En la primera parte, el autor revisa los fundamentos de los métodos, formulándose una interrogante válida para estos tiempos: ¿Derecho jurisprudencial o jurisprudencia del Derecho?. Se analiza la traslación del "koiné" de la teoría de la ley hacia la hermenéutica jurídica y el trastoque que esto genera entre los componentes judiciales del civil law y el common law. Además, en esta primera parte, se sistematiza los denominados "poderes hermenéuticos del juez", que conjuntamente a sus potestades procesales; configuran la jurisprudencia y su forma de leer y construir el Derecho. La segunda parte del trabajo revisa el universo conceptual de la doctrina jurisprudencial y el precedente, ambos, conceptos muy análogos, pero con claras diferencias según el sistema jurídico del cual se es tributario. Estos conceptos son abordados en Venezuela con mucha ligereza, sobre todo, por el Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes salas que lo conforman, del cual, ha abusado del carácter "vinculante" de dicha doctrina jurisprudencial. Se aborda en este punto instituciones como la "norma intrínseca jurisprudencial", "stare decisis", la organización y "pedigrí" del precedente, así como la extensión y contenido del término "autoridad jurisprudencial".La tercera parte de la investigación sistematiza y expone, en forma didáctica, los tres métodos de organización de doctrinas jurisprudenciales, a saber: 1. El método de organización argumental, 2. El método cliométrico; y, 3. El método de sistematización lógico-temática. Cada una de estas técnicas se revisan a fondo de forma operativa para facilitar al lector herramientas efectivas para la organización de la jurisprudencial, sea cual sea la rama del Derecho que se trabaje. Finalmente establece un balance y reflexiona sobre la manera en que impropiamente se usa el obiter dictum en las decisiones de la justicia constitucional.

Este libro del profesor Mauricio R. Pernía-Reyes, que reúne diversos de sus estudios sobre el Derecho Minero, busca analiza la industria minera desde diferentes perspectivas jurídicas tanto tradicionales, como a la luz de nuevas categorías de estudio aplicables al sector.Para ello, la obra examina las funciones administrativas del Estado frente a las minas como bienes de dominio público; las técnicas de intervención administrativa en las actividades mineras; la contratación minera y, en particular, las concesiones de minas y el régimen de empresas mixtas que se ha establecido en los cambios legislativos recientes. Se analiza igualmente el régimen de las ventajas especiales mineras y su naturaleza jurídica ;la resolución de conflictos surgidos con ocasión de las actividades extractivas, y la legislación en materia de inversiones extranjeras.Así mismo, esta obra presenta el análisis de las nuevas exigencias en los estándares globales de las industrias extractivas y el Derecho Minero en materia de transparencia y acceso a la información pública; las tensiones y relaciones surgidas de las licencias sociales y ambientales para el otorgamiento de concesiones o contratos mineros frente a los principios de unidad de mercado y la descentralización, el desarrollo deinfraestructuras para las actividades mineras y la vinculación de los municipios en la minería.En la obra se consideraron distintas instituciones del Derecho Minero tanto de Venezuela como de otros ordenamientos jurídicos iberoamericanos con los cuales se comparte un origen común en esta materia y se realizan propuestas para su estudio y vinculación.

En este libro de Fernando M. Fernández se refiere a las hipótesis sobre los posibles crímenes atroces perpetrados en Venezuela en perjuicio de los indígenas afectados por el Arco Minero del Orinoco ("AMO") en el Estado Bolívar, así como por la minería ilegal efectuada por fuerzas irregulares extranjeras, garimpeiros y el crimen organizado en otras zonas de esa localidad y en los estados Amazonas y Delta Amacuro, con efectos en países de la Amazonía. Se trata de identificar y hacer visibles los factibles crímenes y las actividades destructivas de la selva tropical del Sur del Río Orinoco, en perjuicio directo e inmediato del hábitat, así como de la vida e integridad de los pueblos y comunidades indígenas que son impactados por el AMO, tanto en su existencia y supervivencia como por su condición de ser los guardianes ambientales y del territorio. Se destaca la importancia y necesidad de que el Fiscal ante la Corte Penal Internacional realice la investigación en el terreno, sobre la base de los fundados elementos que indican que se han perpetrado crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional, ante la incapacidad y falta de voluntad del Estado venezolano de efectuar las investigaciones genuinas y relevantes que corresponden. También es necesario que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos continúe profundizando en ello. Igualmente, la Oficina del Defensor Público de las Víctimas de la Corte Penal Internacional puede ejercer representaciones en juicio en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. De la misma forma, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos puede incidir positivamente en la rectificación de esta política extractiva y sus secuelas.Se anexan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas.

This book is a compilation of all the studies written between 2019 and 2023 by professor Allan R. Brewer-Carías, regardinng the process of transition towards democracy initiated in Venezuela in January 2019, after the National Assembly electede in 2015 declared unexistent the illegitimate the relection of Nicolas Maduro as President of the Republic that took place on May 2018. Because that decisión which received extended International support, in absence of a legitimately elected President that could take office for the term 2019-2025, following constitutional provisions, the President of the National Assembly, Juan Guaidó, assumed as Interim President, being recognized as such by many countries, among them the United States and the United Kingdom. On Febriuary 2019 a Transition Statute towards democracy and for the restauration of the Constitution was approved, governing the actions of the Interim Government mainly for the protections of Venezuelan assets abroad. The Transition Statute was reformed in three ocasions, the last of which in January 2023, eliminating the Interim Government and establishing a sort of "parliamentary government" that does not conform to the constitutional tradition of the country, assigning a parliamentary "council" the protection os foreign assets.

Este libro, editado por el profesor Allan R. Brewer-Carías, recge los dictámenes jurídicos escritos por los Profesorees Eduardo García de Enterría, Roland Drago, Massimo Severo Giannini, Antonio Jimenez Blanco y José Guillermo Andueza, relativos al principio de la competencia como requsisto de valide de los actos administrativos, rendidos a comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, y destinados a ser presentados en el conocido caso judicial del banco de venezuela, desarrollado con ocasión de la oferta de adqusición hostil de acciones de dicho Banco, que entonces el primer Banco privado del país. Los estudios analziaron la Resolución dictada por la Comision Nacional de Valores que declaró a determinadas accones del Baco de Venezuela que eran propiedad de empresas relacionadas con el mismo, como "acciones de tesorería" del Banco, concluyendo todos los dictamenes en que la misma estaba viciada de ilegalidad, por falta de competencia de la mencionada Comisión para dictar tal pronunciamiento.

El presente libro de Armando Blanco Guzmán, tiene por objeto determinar cuáles son las instituciones del derecho procesal constitucional en Venezuela y cómo ha sido su desarrollo por parte dela Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.Para ello, el autor parte de la premisa que el derecho procesal constitucional no puede concebirse exclusivamente como una serie de reglas procedimentales, ya que según el sistema que se trate y de losmecanismos de control que se establezcan, es una partede la función jurisdiccional, que será o no desarrollada en el marco de un procedimiento autónomo y particular. Ahora bien, en los sistemas de control duales o híbridos, ese control constitucional se organiza mediante una especie de mixtura entre lasinstituciones típicas de los sistemas de control originarios y ello, ha dado lugar a nuevos sistemas con identidad propia como es el caso venezolano.

Este libro del profesor Alberto Blanco Uribe Quintero, es la segunda Edición de su libro sonre Estudios de derecho procesal tributario vivo, editado inicialmente en 2012, en el cual ha recogido todos sus estudios sobre el tema escritos en las últimos lustros.

Este libro, editado por los profesores Allan R. Brewer-Carías y Asdrúbal Aguiar, y que se publica en la Colección de la Iniciativa Democrática España y las Américas (IDEA), es una recopilacion de todos los Trabajos Académicos (escritos por Allan R. Brewer-Carías, Asdrúbal Aguiar y José Ignacio Hernández G.), así como de los artículos más importantes publicados en Periódicos, de los Manifiestos y Declaraciones Públicas, incluyendo también el texto del Debate Parlamentario, referidos al proceso constitucional y político que tuvo lugar en Venezuela en diciembre de 2022, para la reforma del Estatuto para la Transición hacia la Democracia que fue adoptado originalmente en febrero de 2019. En aquella ocasión, se configuró un Gobierno de Transición liderado por el Sr. Juan Guaidó quien como Presidente de la Asamblea Nacional, asumió como Presidente Interino de la República, habiendo sido reconocido como tal por muchos países democráticos, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido y países de la Unión Europea. Con la reforma de diciembre de 2022, el Gobierno interino y el Presidente interino han sido sustituidos por una especie de "Gobierno Parlamentario" de transición liderado por la Asamblea Nacional a través de una Comisión Delegada y un Consejo para la Administración y Protección de Activos.